En un contexto marcado por el aumento de delitos de alta connotación pública cometidos por adolescentes, autoridades municipales presentaron este martes una propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), con el objetivo de fortalecer el sistema actual sin rebajar la edad de imputabilidad.
La iniciativa fue expuesta en una jornada de trabajo realizada en Morandé 107 y busca introducir mejoras sustantivas tanto en la persecución penal como en los procesos de reinserción y prevención temprana, a partir de la experiencia territorial de los municipios.
Desde el mundo local, los alcaldes han debido enfrentar directamente las consecuencias sociales de trayectorias delictuales que, según coinciden, comienzan mucho antes del ingreso al sistema penal. Por ello, la propuesta pone énfasis en la intervención oportuna del Estado y en una respuesta integral que combine seguridad ciudadana con políticas efectivas de rehabilitación.
Sanciones más estrictas, mayor control, reinserción, modernización del sistema, prevención temprana y protección social
- Entre las principales medidas, se plantea restringir el uso de sanciones en medio libre para delitos violentos, privilegiando regímenes cerrados que incorporen programas reales de reinserción. Asimismo, se propone un sistema progresivo de sanciones para casos de reincidencia, aumentando el nivel de intervención conforme se reiteren los delitos.
- La propuesta también considera fortalecer el rol de las víctimas, asegurando su participación en decisiones clave del proceso, como modificaciones o sustituciones de condena, junto con robustecer la supervisión judicial del cumplimiento de las penas.
- En materia de reinserción, el documento plantea modernizar los centros cerrados mediante equipos interdisciplinarios estables, acceso a salud mental, educación obligatoria y capacitación laboral, además de una segmentación efectiva según el perfil delictual.
- Uno de los ejes centrales es la implementación de un plan de egreso obligatorio, con acompañamiento durante al menos 24 meses tras el cumplimiento de la condena, con el fin de reducir la reincidencia. A esto se suma la incorporación del tratamiento del consumo problemático de drogas como componente clave del proceso de rehabilitación.
- La propuesta también aborda la necesidad de actuar antes de que los jóvenes ingresen al sistema penal, mediante la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana que articule a sectores como Educación, Salud, Protección y municipios para detectar factores de riesgo.
- En paralelo, se plantea fortalecer las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), eliminar listas de espera y mejorar la coordinación con los Tribunales de Familia en casos complejos.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White Bahamondes, valoró la instancia y subrayó la importancia de avanzar en una discusión seria y técnica.
“Chile necesita una discusión seria, técnica y responsable frente al aumento de delitos violentos cometidos por adolescentes. Desde los municipios vemos todos los días cómo muchas trayectorias delictuales comienzan antes de llegar al sistema penal. Por eso el Estado debe actuar a tiempo, con prevención, protección social, salud mental, educación y apoyo a las familias”.
White enfatizó además que “frente a delitos graves y reincidencia, se requieren sanciones efectivas, mejor supervisión y mayor participación de las víctimas. No se trata de bajar la edad de imputabilidad ni de caer en populismo penal. Se trata de avanzar en una reforma basada en evidencia, que combine seguridad ciudadana con reinserción real. La seguridad y la reinserción no son caminos opuestos: son parte de una misma respuesta que Chile debe fortalecer con urgencia”, concluyó.
La propuesta se instala así como un insumo técnico para el debate legislativo, poniendo en el centro la necesidad de un sistema más exigente, pero también más eficaz en interrumpir las trayectorias delictuales juveniles.
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